GLORIA CANO DEFENSORA DE LOS DD.HH. DE TERRORISTAS

Gloria Cano, defensora de los DD.HH. de los terroristas... no se preocupó por los derechos humanos de la época de los años ochenta... aquí algunos informes que no pudo ocultar la CVR

http://www.blogcyh.com/2012/09/cidh-e-indemnizaciones-terroristas-de.html
La abogada Gloria Cano, de la ONG APRODEH, fue defensorade Alejandro Astorga ante la CIDH. 

http://derechoydefensadeltrabajador.blogspot.pe/2008/05/decir-medias-verdades-no-es-bueno.html 
Aguinaga enfiló sus baterías contra la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), organismo que, para el parlamentario, tiene vínculos muy cercanos con el MRTA. "Hay una identificación, una ligazón muy seria entre Aprodeh y MRTA", comentó. Tomó como ejemplo el caso de la abogada Gloria Cano, quien defendió a Alejandro Astorga Valdez, ciudadano chileno condenado a 15 años de prisión por pertenecer al MRTA, y que fue liberado en el 2005.
Cano, quien representa a los familiares y a las víctimas de La Cantuta en el juicio contra Alberto Fujimori, también fue abogada de los familiares de los terroristas abatidos en la residencia del embajador de Japón y denunció a los comandos que participaron en la operación Chavín de Huántar.
Cabe indicar que Aprodeh tuvo una participación activa en el proceso de extradición del ex presidente Alberto Fujimori.
http://www2.caretas.pe/1999/1571/mrta/mrta.htmhttp://www2.caretas.pe/1999/1571/mrta/mrta.htm

INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN - PERÚ

2.1. Acción Popular 
2.1. EL GOBIERNO DE ACCIÓN POPULAR - FERNANDO BELAUNDE TERRY
2.1.4.2. Impunidad Sin embargo, la Comisión encuentra que a partir del establecimiento del Comando Político Militar en Ayacucho, y ante el crecimiento de los crímenes del PCP-SL y de agentes de seguridad del Estado, el presidente Belaunde no desarrolló una política decidida de protección de los derechos humanos. Por el contrario, optó por no atender las denuncias a ese respecto que se hacían.En agosto de 1983, la organización Amnistía Internacional envío una carta al presidente Belaunde en la que señalaba que las fuerzas de seguridad del Estado habían ejecutado sumariamente a centenares de pobladores en la región andina en operaciones contrainsurgentes. 
El Presidente desatendió el informe: "Las cartas de Amnistía Internacional van al tacho de basura (…) yo no las acepto".53 La indeferencia del gobierno de Acción Popular ante estos crímenes no se confinó al Poder Ejecutivo, sino que se extendió también al Legislativo. La Comisión ha encontrado que el Congreso, en el que Acción Popular tenía mayoría, no instituyó ninguna comisión investigadora sobre desapariciones forzadas de personas a pesar de las denuncias existentes. 
En términos generales, el Legislativo incumplió su deber de fiscalización en materia de derechos humanos, lo que, aunado a la actitud del Poder Ejecutivo, estableció un ambiente de impunidad que la Comisión considera deplorable por las pérdidas de miles de vidas humanas a que ello dio lugar.

SU AMIGO
DR. PABLO ALBAN
http://diariocorreo.pe/politica/maritza-garrido-lecca-esta-activista-de-ong-de-ddhh-fue-abogada-de-terrorista-video-772974/http://diariocorreo.pe/politica/maritza-garrido-lecca-esta-activista-de-ong-de-ddhh-fue-abogada-de-terrorista-video-772974/

JUEZ CÉSAR SAN MARTÍN DICTÓ PENA DE MUERTE PARA ALBERTO FUJIMORI

PENA DE MUERTE, fue la Sentencia dictada por el Juez Cesar San Martín,  al ex Presidente Alberto Fujimori, que rescató la Democracia, secuestra por los demenciales grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA.

Gloria Cano, defensora de los DD.HH. de los terroristas... no se preocupó por los derechos humanos de la época de los años ochenta... y avala la Pena de Muerte a Alberto Fujimori.

He aquí algunos informes que no pudo ocultar la Comisión de Verdad y Reconciiación

INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN - PERÚ
2.1. Acción Popular 
2.1. EL GOBIERNO DE ACCIÓN POPULAR - FERNANDO BELAUNDE TERRY
2.1.4.2. Impunidad Sin embargo, la Comisión encuentra que a partir del establecimiento del Comando Político Militar en Ayacucho, y ante el crecimiento de los crímenes del PCP-SL y de agentes de seguridad del Estado, el presidente Belaunde no desarrolló una política decidida de protección de los derechos humanos. Por el contrario, optó por no atender las denuncias a ese respecto que se hacían.
En agosto de 1983, la organización Amnistía Internacional envío una carta al presidente Belaunde en la que señalaba que las fuerzas de seguridad del Estado habían ejecutado sumariamente a centenares de pobladores en la región andina en operaciones contrainsurgentes. 
El Presidente desatendió el informe: "Las cartas de Amnistía Internacional van al tacho de basura (…) yo no las acepto".53
La indeferencia del gobierno de Acción Popular ante estos crímenes no se confinó al Poder Ejecutivo, sino que se extendió también al Legislativo. La Comisión ha encontrado que el Congreso, en el que Acción Popular tenía mayoría, no instituyó ninguna comisión investigadora sobre desapariciones forzadas de personas a pesar de las denuncias existentes. 
En términos generales, el Legislativo incumplió su deber de fiscalización en materia de derechos humanos, lo que, aunado a la actitud del Poder Ejecutivo, estableció un ambiente de impunidad que la Comisión considera deplorable por las pérdidas de miles de vidas humanas a que ello dio lugar.

SU AMIGO
DR. PABLO ALBAN

PANIAGUA Y TOLEDO, ACORDARON "SOLUCIÓN POLÍTICA" CON "SENDERO LUMINOSO"

CIDH e Indemnizaciones a Terroristas de Sendero Luminoso y MRTA

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10) Caso CastilloPetruzzi (MRTA) 

El emerretista Jaime Castillo Petruzzi junto con los terroristas chilenos María Concepción Pincheira, Lautaro Mellado y Alejandro Astorga demandaron al Estado Peruano ante la CIDH y ganaron el caso. La CIDH en sentencia ha indicado que Perú deberá pagarles 10,000 dólares por supuesta violación de derechos humanos. Actualmente ellos deben en reparación civil al Estado 250 mil nuevos soles. Según el primer ministro, Juan Jimenez Mayor, el Estado les cobrará primero la reparación civil y después les pagará la indemnización.

La abogada Gloria Cano, de la ONG APRODEH, fue defensora de Alejandro Astorga ante la CIDH. 

Pablo Alban Silva

Hace un momento ·

Gloria Cano, abogada, defensora de los DD.HH. de terroristas.http://www.blogcyh.com/2012/09/cidh-e-indemnizaciones-terroristas-de.html el mismo líder de Sendero Luminoso en su libro "De Puño y Letra" reconoce este hecho : "Guzmán en su libro reconoce que todas las concesiones que consiguió fueron habilitadas por los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo y respecto al ex presidente Alberto Fujimori admite que este le brindó las facilidades para sellar la rendición total de sus huestes, y que no pudo celebrar acuerdo con él para encontrar lo que ellos llaman “solución política”, lo cual sí le fue concedido por los gobiernos subsiguientes." - See more at:http://www.blogcyh.com/2012/09/cidh-e-indemnizaciones-terroristas-de.html#sthash.RRSYHDH6.dpuf

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PERÚ, HISTORIA OFICIAL, "GATOPARDO"

ALBERTO FUJIMORI, UTILIZADO COMO VÍCTIMA EXPIATORIA, PRESO POLÍTICO.

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2.1. Acción Popular 
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2.1.4.2. Impunidad
Sin embargo, la Comisión encuentra que a partir del establecimiento del Comando Político Militar en Ayacucho, y ante el crecimiento de los crímenes del PCP-SLy de agentes de seguridad del Estado, el presidente Belaunde no desarrolló una política decidida de protección de los derechos humanos. Por el contrario, optó por no atender las denuncias a ese respecto que se hacían.
En agosto de 1983, la organización Amnistía Internacional envío una carta al presidente Belaunde en la que señalaba que las fuerzas de seguridad del Estado habían ejecutado sumariamente a centenares de pobladores en la región andina en operaciones contrainsurgentes. El Presidente desatendió el informe: "Las cartas de Amnistía Internacional van al tacho de basura (…) yo no las acepto".⁵³
La indeferencia del gobierno de Acción Popular ante estos crímenes no se confinó al Poder Ejecutivo, sino que se extendió también al Legislativo. La Comisión ha encontrado que el Congreso, en el que Acción Popular tenía mayoría, no instituyó ninguna comisión investigadora sobre desapariciones forzadas de personas a pesar de las denuncias existentes. En términos generales, el Legislativo incumplió su deber de fiscalización en materia de derechos humanos, lo que, aunado a la actitud del Poder Ejecutivo, estableció un ambiente de impunidad que la Comisión considera deplorable por las pérdidas de miles de vidas humanas a que ello dio lugar.

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